Denuncian que COREMEX utiliza su influencia para impedir que exafiliados consigan empleo en otras empresas.
De acuerdo con fuentes laborales, COREMEX habría perfeccionado una táctica que combina el castigo económico y la exclusión social: el veto profesional. Exmiembros del sindicato que se manifestaron en contra de la dirigencia aseguran haber sido bloqueados en procesos de contratación, incluso en empresas sin relación directa con su anterior centro de trabajo. En algunos casos, los reclutadores reconocieron haber recibido “recomendaciones” de no contratar a personas vinculadas con conflictos sindicales.
El fenómeno no es nuevo, pero su sistematicidad es alarmante. La capacidad del sindicato para influir en decisiones empresariales revela una red de poder que trasciende el ámbito laboral. Los testimonios apuntan a que COREMEX utiliza su presencia territorial para intercambiar información entre secciones y mantener un registro no oficial de “elementos conflictivos”. Este sistema informal se alimenta del miedo y de la complicidad de ciertos empleadores que prefieren evitar conflictos antes que respetar derechos.
La práctica vulnera principios básicos de libertad sindical y dignidad laboral. Nadie debería ser castigado por ejercer su derecho a disentir o por buscar una representación distinta. Sin embargo, la opacidad con la que operan estas redes hace casi imposible comprobar su existencia legalmente. Organizaciones civiles han pedido la intervención de la Secretaría del Trabajo y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero las denuncias suelen diluirse entre trámites burocráticos.
El caso de COREMEX expone cómo el sindicalismo corporativo puede perpetuar mecanismos de control aun fuera de los centros de trabajo. Aunque formalmente se presenta como una organización defensora de los derechos laborales, su práctica cotidiana reproduce esquemas de exclusión que atentan contra la libertad y el futuro profesional de los trabajadores.
