La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue creada para perseguir posibles actos de corrupción dentro del servicio público. Su razón de ser era clara: convertirse en un contrapeso institucional capaz de investigar al poder sin importar nombres, cargos o intereses políticos. Sin embargo, a más de tres años de la llegada de Abelardo Valenzuela Holguín a su titularidad, la discusión pública parece haberse desplazado hacia otro terreno mucho más incómodo para la institución: su propia credibilidad.
Lo preocupante no es únicamente la existencia de críticas. Todas las instituciones públicas las enfrentan. El problema surge cuando los cuestionamientos dejan de ser episodios aislados y se convierten en una constante que acompaña prácticamente cada etapa de una gestión.
Desde el momento de su designación en diciembre de 2022, la figura de Valenzuela estuvo rodeada de controversia. Legisladores de oposición cuestionaron el proceso de nombramiento, señalaron presuntas condiciones de ventaja y advirtieron sobre la importancia de que la Fiscalía estuviera encabezada por una figura capaz de generar confianza entre todas las fuerzas políticas.
Aquellas advertencias fueron minimizadas por algunos sectores en su momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, el debate sobre la independencia de la Fiscalía no desapareció. Por el contrario, se convirtió en el principal tema de discusión alrededor de la institución.
La situación alcanzó una dimensión nacional con los conflictos relacionados con las investigaciones contra Javier Corral. Lo que debía ser un procedimiento jurídico terminó convirtiéndose en una confrontación política y mediática de gran escala. La disputa entre autoridades estatales y federales colocó a la Fiscalía en una posición compleja, sometida al escrutinio de jueces, medios de comunicación, actores políticos y especialistas jurídicos.
Más allá de las resoluciones y de las interpretaciones legales, el saldo para la imagen institucional fue evidente. La Fiscalía dejó de ser vista exclusivamente como un órgano especializado en el combate a la corrupción para convertirse en protagonista de una serie de controversias que siguen alimentando dudas sobre su actuación.
El problema para cualquier Fiscalía Anticorrupción es que la confianza constituye su principal herramienta. Sin ella, cada decisión es cuestionada, cada investigación es interpretada políticamente y cada actuación enfrenta sospechas antes incluso de ser evaluada jurídicamente.
Hoy la institución enfrenta un desafío que parece cada vez más difícil de ignorar: convencer a los ciudadanos de que actúa con independencia absoluta en un entorno donde buena parte de la conversación pública gira precisamente en sentido contrario.
Y mientras las polémicas sigan ocupando más espacio que los resultados, la gestión de Abelardo Valenzuela continuará enfrentando una pregunta que ninguna institución encargada de combatir la corrupción debería tener que responder constantemente: ¿quién garantiza la confianza en quienes fueron creados para vigilar al poder?
