Hay hombres que pasan por la política sin dejar rastro y otros que dejan una huella imborrable, aunque no por sus aciertos. Abelardo Valenzuela Holguín, actual fiscal Anticorrupción del estado de Chihuahua, pertenece a esta última categoría. Su nombre no es sinónimo de rectitud ni de combate a la impunidad, sino el recordatorio de una de las crisis políticas más vergonzosas del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez.
Corría el invierno de 2007 cuando Valenzuela decidió competir por la dirigencia municipal del PAN. Lo que debió ser un proceso interno de renovación de cuadros con cinco aspirantes terminó convertido en un espectáculo de desconfianza que rebasó a la propia dirigencia estatal y nacional. Conforme avanzaron las semanas, los titulares de la prensa dejaron de hablar de propuestas para enfocarse por completo en las tensiones generadas alrededor de su persona.
El detonante fue la aplicación de exámenes antidoping a los candidatos. Mientras cuatro de ellos hicieron públicos sus resultados negativos sin contratiempos, en el caso de Valenzuela comenzaron a circular versiones sobre un resultado positivo. En lugar de someterse a una segunda prueba para despejar cualquier duda —como se lo solicitaron sus compañeros y la dirigencia—, el hoy fiscal optó por una postura defensiva que delató su falta de vocación por la transparencia.
En declaraciones a medios locales, Valenzuela sostuvo que desconocía oficialmente el resultado, expresó dudas sobre la cadena de custodia de la muestra y cuestionó las garantías del procedimiento. En un acto de cinismo, se negó a aceptar la validez de una prueba que él mismo había aceptado realizar. Su objetivo fue protegerse a sí mismo, aunque para ello tuviera que dinamitar la credibilidad de su propio partido.
La crisis desbordó a la dirigencia municipal encabezada por José Sigala Valero. Se promovieron recursos internos y el Comité Ejecutivo Nacional tuvo que intervenir. El punto de quiebre llegó con la cancelación de la elección programada para el 2 de diciembre de 2007. Días después, el Comité Directivo Estatal removió a Sigala Valero, nombró una conducción provisional y solicitó formalmente a Valenzuela una nueva prueba antidoping, confirmando el colapso institucional.
Casi dos décadas después, Abelardo Valenzuela Holguín ocupa un cargo de máxima responsabilidad en la procuración de justicia del estado. Como fiscal Anticorrupción, tiene la tarea de investigar a servidores públicos y perseguir delitos administrativos. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿cómo confiar en un fiscal que, cuando fue puesto a prueba, eligió el camino de la opacidad? ¿Qué credibilidad puede tener quien sembró dudas sobre una muestra médica y hoy debe garantizar la integridad de procesos judiciales complejos?
Chihuahua merece un fiscal Anticorrupción que inspire confianza y cuente con un historial de transparencia, no a un político con antecedentes de opacidad que llegó al cargo por una designación cuestionable. Su pasado es un impedimento moral para ejercer el cargo y la mejor prueba contra la credibilidad de la institución que encabeza.
