Casi once años después del derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido en 2014 por parte de Grupo México, las comunidades afectadas en la cuenca del Río Sonora siguen esperando justicia. A pesar del tiempo transcurrido, denuncian que no hay acciones concretas ni compromisos firmes por parte de las autoridades para reparar el desastre ambiental más grave en la historia minera del país.
Esta semana, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) sostuvieron una reunión con autoridades federales y estatales en Hermosillo. Aunque participaron figuras clave como la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, y la procuradora de PROFEPA, Mariana Boy, así como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, las comunidades señalaron que las propuestas oficiales siguen siendo vagas, repetitivas y sin respaldo presupuestal.
“No hay responsables claros, ni plazos definidos, ni recursos asignados”, afirmaron los comités en un pronunciamiento posterior al encuentro.
Exigen plan transexenal y cumplimiento de sentencias
La principal demanda de los CCRS es la creación de un plan de remediación transexenal e interinstitucional, con respaldo legal y mecanismos de vigilancia ciudadana. Este plan debería ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para garantizar su cumplimiento, incluso en futuros cambios de administración.
Además, los afectados urgieron al Estado a dejar de negociar de forma pasiva con Grupo México y, en cambio, hacer valer las resoluciones judiciales, como la del Amparo en Revisión 640/2019, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las víctimas a la reparación integral tras la disolución irregular del Fideicomiso Río Sonora.
“No puede seguir tratándose como interlocutora válida a una empresa que ha ignorado por años la ley y a las víctimas”, afirmaron.
Denuncian abandono de atención médica
Otra de las preocupaciones centrales es la suspensión de los servicios médicos que se habían implementado para monitorear a personas con niveles elevados de metales pesados. Las acciones, iniciadas en 2023 por IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, fueron detenidas sin explicación clara. Los expedientes clínicos realizados por Cenaprece no han tenido seguimiento, mientras el estado de salud de los habitantes continúa deteriorándose.
A la ausencia de atención médica se suma la falta de representación de instituciones científicas clave como el IMTA y el INECC, cuyos dictámenes técnicos fueron fundamentales en los primeros años del desastre, y cuya exclusión fue duramente criticada por los asistentes a la reunión.
Continuarán movilizados
Los CCRS anunciaron que emitirán una respuesta formal a las propuestas presentadas por SEMARNAT en los próximos días. El documento será enviado a las autoridades y difundido públicamente, como parte de su estrategia para visibilizar el caso en instancias nacionales e internacionales.
“Exigimos memoria, justicia y garantías de no repetición. La justicia ambiental no puede seguir postergándose”, concluyeron.
